La avalancha informativa en torno al Covid-19 es tan vertiginosa que en el camino se van revelando situaciones relacionadas con los efectos de la pandemia pero que, prácticamente, pasan desapercibidas en un alto porcentaje.
A mediados de mayo pasado, cuando se pensó que la cuarentena tenía sus días contados, el Observatorio Colombiano de las Mujeres, en llave con la Vicepresidencia de la República, dio un dato que obliga a replantear políticas para contener la violencia intrafamiliar.
“En un 175%, se incrementaron los reportes de violencia intrafamiliar durante el aislamiento preventivo”, aseguró el Observatorio en un informe solo con los datos obtenidos a través de la línea telefónica 155, habilitada por el Gobierno Nacional para recibir denuncias relacionadas con el fenómeno y prestar asistencia a quienes lo requieran.
La información reveló que “entre el 25 de marzo y el 7 de mayo, se registraron 4.385 llamadas, que advertían algún tipo de violencia al interior de los hogares, casi tres veces más que las 1.595 reportadas en el mismo periodo de 2019”. Correspondía esa cifra al 71 por ciento de total de llamadas recibidas, 5.874.
Los registros por violencia intrafamiliar a esa línea de atención representaron el 71% del total de 5.874 llamadas atendidas durante la actual etapa de aislamiento social, o cuarentena.
“El 76% de las llamadas tuvo origen en seis zonas: Bogotá (37%), Antioquia (12%), Valle del Cauca (9%), Cundinamarca (7%), Atlántico (5%) y Santander (4%). De otro lado, el mayor incremento en las solicitudes de orientación se dio en Sucre, Cesar, Chocó, Casanare, Magdalena, Atlántico y Antioquia”, destacó el Observatorio.
Otros indicadores preocupantes
A propósito del fenómeno de la violencia intrafamiliar, no hace mucho, la actual ministra de Justicia, Margarita Cabello, explicó los alcances del Decreto 460 del presente año, dirigido a “instruir a alcaldes y gobernadores para responder a muchos de los problemas que afrontan las familias, y tener la viabilidad para atenderlos de la manera más inmediata”, lo cual incluye desde garantizar transporte y logares de protección a los afectados.
Dichas autoridades regionales deben contar con el apoyo de organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos.
Precisamente, en los primeros informes de cada entidad comprometida, hay cifras significativas, con base en las respectivas líneas telefónicas y correos electrónicos habilitados para recibir quejas y denuncias, correspondientes hasta abril pasado. Se está a la espera de los resultados de un segundo corte hacia finales del presente mes de junio.
La Fiscalía, a través de su línea 122, acumulaba 3.207 denuncias en sus correos, 881 por delitos sexuales, 2.134 violencia intrafamiliar, y 12 feminicidios; por su parte, la Policía, que dispone del 123, contabilizaba 2.220 llamadas; mientras que el Bienestar Familiar recepcionaba 9.893 solicitudes y reportes asociados a violencia, un promedio de 412 denuncias diarias, aunque la directora Lina María Arbeláez reconoció que hubo una disminución con respeto al mismo periodo del año anterior.
En relación al aumento de las denuncias, la percepción que tiene la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, es producto de la confianza de demostrada de la ciudadanía hacia las instituciones que participan en las acciones y al refuerzo de las rutas de atención oportuna.
“Las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar cuando se dan cuenta que nos están solas y que, desde el Gobierno Nacional, con las secretarías de la mujer y las gestoras sociales de alcaldías y gobernaciones, estamos brindando el acompañamiento que requieren y desarrollando estrategias de prevención de la pandemia de la violencia intrafamiliar”, puntualizó la Consejera en la información publicada en el portal de la Vicepresidencia de la República.
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